Desde Despierta Tolima, hoy quiero reflexionar con ustedes sobre un tema que sigue resonando en nuestra sociedad: la igualdad. A pesar de los avances legislativos y los esfuerzos gubernamentales por promover la equidad, ¿realmente estamos avanzando hacia una Colombia más justa?

La creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, bajo la Ley 2281 de 2023, fue un paso importante en la dirección correcta. Se buscaba cerrar las brechas económicas, políticas y sociales que persisten en nuestro país. Sin embargo, los datos nos muestran una realidad distinta.

Por ejemplo, según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el primer trimestre de este año se registraron más de 45,000 casos de violencia contra la mujer en Colombia. Esto representa un aumento del 12% en comparación con el año anterior. A pesar de los avances legislativos en materia de protección a la mujer, estas cifras muestran que aún queda mucho por hacer para garantizar su seguridad y bienestar.

Además, los informes de organizaciones de derechos humanos revelan que Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para las personas LGBTIQ+. La discriminación, las agresiones y los asesinatos por motivos de orientación sexual o identidad de género son una triste realidad en nuestro país. Estas estadísticas ponen en evidencia la urgente necesidad de implementar políticas efectivas para proteger a esta comunidad vulnerable.

En cuanto a la administración actual liderada por la vicepresidenta Francia Márquez, las expectativas eran altas. Sin embargo, la realidad nos muestra que aún hay mucho por hacer. La población rural continúa siendo marginada, las comunidades afrodescendientes y otras minorías enfrentan discriminación y violencia, y nuestros niños están expuestos a la explotación y el abuso.

Y para colmo, nos encontramos con el reciente escándalo que involucra al Ministerio de la Igualdad. La consignación indebida de millonarios bonos a sus funcionarios pone en entredicho la integridad de esta institución. Estos errores administrativos minan la confianza en el gobierno y demuestran la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.

En resumen, este concepto sigue siendo un objetivo distante en nuestra sociedad. Las acciones deben acompañar a las palabras si queremos avanzar hacia un país más justo y equitativo.

Hace apenas cuatro días, mientras me dirigía a la ciudad de Bogotá, investigué un caso que ilustra vívidamente esta problemática. Conocí a Juan Felipe, un joven bogotano de casi 20 años, cuya vida se ve marginada por la escasez de oportunidades laborales. Sin experiencia y con pocas opciones, se ve obligado a rebuscarse mediante actividades ilegales como el robo. Su caso es solo uno entre muchos que evidencian la urgente necesidad de políticas que generen oportunidades reales para los jóvenes en Colombia.