En oficio enviado a la directora regional del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario, la Procuraduría General de la Nación solicitó un informe de las medidas implementadas para garantizar y proteger los derechos fundamentales y de arraigo de la población privada de la libertad, de cara al proceso de supresión de los establecimientos carcelarios de Armero y Purificación.
En su misiva, el ente de control manifestó su preocupación con respecto a la orden de suspender la recepción de nuevas personas privadas de la libertad en dichos centros de reclusión, teniendo en cuenta los altos niveles de hacinamiento a nivel nacional.
En ejercicio de la vigilancia preventiva, la Procuraduría Regional del Tolima y las provinciales de Chaparral, Ibagué y Honda solicitaron a la directora regional del INPEC, con carácter prioritario, precisar los hechos que motivaron y avalaron la supresión de los mencionados establecimientos adscritos a su jurisdicción, y explicar el plan de acción para dinamizar el proceso de traslado de los privados de la libertad.
Asimismo, le requirió indicar a donde serán remitidas las 93 personas privadas de la libertad de manera intramural y las 99 personas beneficiarias de prisión domiciliaria, quienes actualmente se encuentran bajo custodia del establecimiento penitenciario de Armero, y quienes se encuentran en las mismas condiciones e Purificación.
Finalmente, el Ministerio Público reiteró su compromiso de garantizar las condiciones esenciales en materia de salud, alimentación, habitabilidad, comunicación familiar, desarrollo espiritual, asesoría jurídica, uso adecuado de tiempo libre y educación, que repercutan en el cumplimiento del fin resocializador promulgado por el Estado.